¿Por qué se re abrió el tema del aborto en Colombia?

La discusión del aborto en Colombia sigue en veremos.

El Gobierno Nacional confirmó que no apoyará la demanda del movimiento Causa Justa, organización que busca que las mujeres puedan tomar decisiones sobre su embarazo de manera libre e informada.

La petición enviada por el colectivo pide la despenalización total del aborto en Colombia. Sin embargo, el Ministerio de Justicia respondió que no hay razón para dar un paso atrás con las leyes de aborto que ya están claras en las tres causales determinadas en 2006: cuando haya riesgo para la vida o la salud física y mental de la mujer, malformación del feto y cuando el mismo sea producto de violación o incesto.

Es decir, que por parte del Gobierno, la decisión de que el aborto sea legal en esas tres opciones se mantiene

En su demanda, Causa Justa, aclara que la penalización del aborto obliga a las mujeres a acudir a soluciones inseguras que ponen en riesgo su vida, Además afirman que, a pesar de existir las tres causales para interrumpir un embarazo, el sistema de salud en Colombia siempre le pone impedimentos a las mujeres.

Mientras tanto la Defensoría del Pueblo señaló que entre 2018 y septiembre de 2020 han conocido 131 casos en los que a las mujeres les pusieron barreras a la hora de interrumpir su embarazo de manera voluntaria.

Las barreras fueron por parte del ICBF, de los sistemas de salud, médicos de las EPS, autoridades indígenas o de las secretarías de salud municipales, y consistieron en la negación del servicio, negligencia, objeción de conciencia, falta de equipo médico, omisión o dificultades para presentar la denuncia y así, de manera arbitraría, impidieron que las mujeres pudieran interrumpir su embarazo.

La Defensoría también denunció que a las mujeres que necesitan una intervención como estas, se les piden documentos que legalmente no son necesarios para practicarse un aborto, y mencionan que las IPS no aceptan como válidos los certificados emitidos por médicos que no sea de su red de prestación de servicios.

Incluso en las EPS hacen juntas médicas como requisito para la autorización del procedimiento lo cual solo extiende las barreras para el aborto. A esto se suma que varios médicos, para no hacer IVE, objetan que va en contra de sus principios.

En los últimos días, se conoció que la Superintendencia Nacional de Salud ha sancionado a diferentes EPS e IPS por negar este servicio a mujeres que necesitan abortar y que, además,  cumplen con las causales. Hasta el momento se han puesto sanciones con multas por un total de 629 millones de pesos.

Lamentablemente, en los últimos días se conoció el nuevo proyecto de ley No. 140 de 2020 que busca modificar los artículos 90 y 93 de la Ley 84 de 1873 del Código Civil, para penalizar el aborto en cualquier circunstancia. Lo que busca la propuesta hecha por las congresistas Esperanza Andrade y Adriana Matiz, es eliminar la posibilidad de legalizar la interrupción del embarazo en situaciones ajenas a las permitidas por la ley desde 2006: ser víctima de abuso sexual, casos de malformación del feto y cuando peligra la vida de la madre.

Y con la respuesta del Gobierno Nacional, que se tira la pelota entre Ministerios para tomar la decisión de legalizar o penalizar el aborto, hasta el momento la discusión de que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo, de una manera segura y gratuita, se quedó en veremos…

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